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Jurisprudencia


Servicio Doméstico. No se aplica Ley de ART.

Buenos Aires, Capital de la República Argentina ,a los veintiséis días del mes de abril de dos mil cinco, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “BARRIOS IRIS MARINA C/ BARTTFELD ARNOLDO RAÚL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACCIDENTE DE TRABAJO)”, respecto de la sentencia corriente a fs. 349, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. DUPUIS. MIRÁS.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

En la estudiada y exhaustiva sentencia de fs. 349/67, el señor juez de la causa llegó a la conclusión que la actora sólo prestaba un servicio doméstico en el domicilio de sus contrarios y que, por tanto, estaba encuadrada dentro del régimen establecido por el decreto 326/56 y excluida, por consiguiente, del establecido por la ley de Contrato de Trabajo . Además, señaló que la ley 24.557 sobre riesgos de trabajo descarta a las personas que prestan servicio doméstico, al igual que la ley 24.028 y, si bien el decreto 491/97 los incorporó al cuerpo legal citado en primer término, no se dictó la necesaria norma reglamentaria, motivo por el cual no se encuentra en vigencia. Pero aún cuando no se considerara así, sostuvo que el accidente sufrido por la accionante no podía ser considerado in itínere y, para la hipótesis de que no se compartiera este punto de vista, el reclamo tampoco procedería, pues no se ha probado que el daño fue producto de cosas de propiedad o bajo la guarda del empleador. Analizó también la situación desde el punto de vista de la doctrina que entiende que se está en presencia de un supuesto de responsabilidad contractual, llegando a idéntica conclusión, por cuanto no se había probado que el daño sucedió en ejercicio o con motivo de la función. Finalmente, destacó que la accionante había percibido de la aseguradora del automóvil que la embistiera un importe en concepto de indemnización total y definitiva, dejando aclarado la víctima que no tenía más nada que reclamar del asegurado ni de otra persona física o jurídica y aseveró que el art. 39 de la citada ley 24.557 circunscribió el derecho de opción, al establecer que las prestaciones de la ley eximen de responsabilidad al empleador frente a los trabajadores o sus derecho habientes con la sola excepción de lo dispuesto por el art. 1072 del Cód. Civil , supuesto que no se presenta en autos. Desestimó, pues, la demanda entablada e impuso las costas a la perdidosa.

Frente a tan rotundos argumentos, el escrito de fs. 383/92 lejos está de representar la crítica concreta y razonada como lo exige el art. 265 del Cód. Procesal . En efecto, sus términos aparecen, más que como una réplica, como un alegato político tendiente a defender los derechos de los trabajadores del servicio doméstico, sin controvertir los sólidos fundamentos expresados en el pronunciamiento. Por empezar, no discute de manera alguna el aspecto central del fallo: el encuadre de la actora dentro del régimen del decreto 326/56 -más aún, lo reconoce expresamente- y su exclusión consecuente de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y de la de Riesgos del Trabajo, lo que bastaría para desestimar la pretensión inicial. Seguidamente, refiere que al derecho laboral le interesa la justicia social y efectúa una serie de disquisiciones acerca de los conceptos entre empleador y empresario y, mencionando el caso de países como Paraguay, México y Uruguay, entiende, sin dar razones jurídicas, que los trabajadores domésticos están incluidos dentro del régimen de Contrato de Trabajo, afirmando que el art. 2 de la ley 20.744 favorece el desempleo y responde a políticas circunstanciales. Sostiene que debe declararse la inconstitucionalidad de la exclusión y menciona, en forma absolutamente genérica, la igualdad consagrada por la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Social laboral del Mercosur. Dogmáticamente, asegura que los trabajadores del servicio doméstico han sido discriminados.

Así las cosas, es mi convicción que debe aplicarse, sin más, aquel principio doctrinario y jurisprudencial que ha decidido que el memorial, para que cumpla con su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Debe precisarse, pues, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener el recurso. Por consiguiente, debe considerarse insuficiente si en la presentación respectiva no se ataca concreta y frontalmente los verdaderos y determinantes fundamentos del fallo (conf. Fassi y Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado”, 3ª ed., t. 2 pág. 484 nº 18 y jurisprudencia citada en nota 21; CNCiv. esta Sala, mi voto en causa 97.964 del 9-10-91), lo que conduce inexorablemente a la conclusión anticipada (art. 266 del Cód. Procesal).

Desde otra perspectiva, tampoco podrá examinarse la cuestión acerca de la inconstitucionalidad de la exclusión antes referida, habida cuenta que representa un requisito ineludible en punto a la temporaneidad de dicho planteo el que debe ser introducido en la primera oportunidad posible en el curso del proceso (conf. C.S., “Fallos”, 297:285, 298:368, 302:346). De ahí, que si lo relativo a la inconstitucionalidad de la norma recién fue propuesto en el memorial de fs. 383/92, se impone -tal como lo destaca el señor Fiscal de Cámara en su dictamen de fs. 400- el rechazo de la pretensión (conf. CNCiv. esta Sala, causa 316.400 del 5-3-01, entre otras).

Por estas consideraciones, voto para que se declare desierto el recurso de apelación libremente concedido a fs. 373 vta. y firme, en consecuencia, la sentencia de fs. 349/67, desestimándose el planteo de inconstitucionalidad allí introducido, con costas de Alzada a la actora vencida, pues no encuentro mérito alguno para apartarse del principio objetivo de la derrota que estatuye el art. 68 del Cód. Procesal.

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Mirás por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. MARIO P. CALATAYUD. OSVALDO D. MIRÁS. JUAN CARLOS G. DUPUIS

Este Acuerdo obra en las páginas Nº a Nº

del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, abril veintiséis de 2005.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, de conformidad -en lo pertinente- con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, se declara desierto el recurso de apelación libremente concedido a fs. 373 vta. y firme, en consecuencia, la sentencia de fs. 349/67, desestimándose también el planteo de inconstitucionalidad allí introducido. Costas de Alzada a la actora vencida.

Conforme el monto reclamado en la demanda, a la calidad, eficacia y extensión de la tarea realizada, etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 37 y concs. de la ley 21.839 , se confirma la regulación de los Dres. Francisco Javier Lozada y Liliana Rosa Midun, letrados patrocinantes de la actora, por resultar ajustada a derecho.

Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios de los Dres. Lozada y Midun, en conjunto, y los del Dr. Arnoldo Raúl Berttfeld.

Por la tarea de fs. 280/284, su mérito y extensión y la debida proporción que los honorarios periciales deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso (ley 24.432, art. 10 ; esta Sala, c. 66.064 del 19/3/90), se confirma la regulación de la médica Gloria María Tejada por ser arreglada a derecho.

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